El primer informe del estudio del grupo de investigación en Desigualdades, Género y Políticas Públicas revela la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y la llegada de nuevos perfiles de usuarios en los centros de atención debido al impacto de la COVID-19
Las investigadoras Fernanda Caro Blanco, María Gómez Garrido y Joana Maria Mestre Miquel del grupo de investigación en Desigualdades, Género y Políticas Públicas de la Universidad de las Illes Balears participan en una investigación financiada por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) en la que se analizará durante un año el impacto de los efectos de la COVID-19 en los servicios sociales.
La reorganización de la atención presencial, la sobrecarga de trabajo, el aumento de la demanda o la necesidad de mayores contrataciones son algunas de las cuestiones que reclaman las trabajadoras sociales entrevistadas.
Los Servicios Sociales son la red de seguridad para la ciudadanía más vulnerable y representan la primera línea del sistema de bienestar. Durante el estado de alarma fueron considerados servicios esenciales, sin embargo, muchas de las profesionales denuncian que ese reconocimiento no se ha traducido en una mayor dotación de recursos humanos, tecnológicos o económicos para hacer frente al elevado aumento de la demanda.
En la investigación participan investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de les Illes Balears, de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Zaragoza. Gracias al recién creado monitor de impacto de la COVID-19 sobre los servicios sociales, las investigadoras estudiarán el alcance de la crisis hasta septiembre del 2021 a través de un seguimiento detallado de los efectos y retos a los que se enfrentan los servicios sociales en más de sesenta municipios españoles.
Conclusiones del primer informe
El primer informe recientemente publicado pone de manifiesto cómo los centros de servicios sociales municipales tuvieron que reorganizar su atención a través del teletrabajo y presencialmente solo en aquellos casos donde la demanda de emergencia así lo precisara. Las profesionales de este sistema refieren sentirse satisfechas con la tarea desarrollada, sin embargo, critican la falta de medios y el exceso de sobrecarga de trabajo al que se han visto sometidas. “Se empezó a trabajar sin garantías, desde la improvisación en los centros, se ha excedido el tiempo de atención fuera del horario” denuncia una profesional entrevistada.
En muchos casos la salud de estas profesionales se ha visto afectada por el estrés, la angustia y contención emocional que han realizado con los grupos de población más afectados por esta crisis sanitaria, económica y social. “Hay días que hemos tenido incluso 200 llamadas de personas que hasta la fecha no conocían los servicios sociales”, indica una profesional.
En esta línea, en el informe se alerta de la irrupción de nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el momento desconocían dónde se encontraba su centro de servicios sociales de referencia. Cuentan cómo ha afectado a miles de familias que vivían del sector servicios y, especialmente, de empleos de la economía sumergida. También la demora en el cobro de los ERTE ha supuesto que en los meses de marzo y abril no quedara nada del presupuesto anual destinado a emergencia social en numerosos ayuntamientos de España.
Del mismo modo que ocurre en el sistema sanitario, las dificultades y las demandas sociales cotidianas se sumaban a las generadas por la pandemia. Esto es, a un sistema previamente saturado, se ha añadido la dificultad que supone no poder realizar entrevistas presenciales o visitas domiciliarias afectando directamente a intervenciones en violencia de género o de seguimiento de menores en situaciones de riesgo. La dependencia aparece como otro de los ámbitos más perjudicados, tal y como afirma una trabajadora social entrevistada “las valoraciones de dependencia se dejaron de hacer en marzo y no sé cuándo se van a retomar” con las implicaciones que este retraso supone para miles de personas dependientes y sus familias.
En los próximos meses se continuará analizando el impacto de la pandemia en este sistema. Se estudiarán nuevas prácticas profesionales así como los diferentes retos a los que se enfrenta el sistema público de servicios sociales. El informe finalmente recoge que, a pesar de las dificultades y la incertidumbre, hay una sensación de haber sido capaces de dar respuesta a cada una de las demandas recibidas. “Para mí este periodo ha sido un reto y una oportunidad. Durante la pandemia se vio que nosotros, los servicios sociales, estamos para atender las dificultades, y yo veo que esto ha servido para hacernos valer” afirma una trabajadora social.
Fecha del evento: 20/10/2020
Fecha de publicación: 20/10/2020