Ante la aprobación en las Cortes de Aragón de la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias, el Consejo General de la Xarxa Vives, formado por los rectores y rectoras de 21 universidades de Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares, Cataluña Norte, Andorra y Cerdeña, quiere hacer las consideraciones siguientes:
 

1. El nuevo texto legal deroga el que se aprobó el año 2009, que reconocía el catalán como una de las lenguas propias de Aragón, y atribuye una nueva e inédita denominación al catalán de acuerdo con las siglas LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental), además de rebautizar el aragonés como LAPAYP (Lengua Aragonesa Propia del Área Pirenaica y Prepirenaica). Estos nombres no corresponden a ningún idioma y son totalmente ajenos al criterio científico de la filología románica, que considera incuestionable la unidad de la lengua catalana en los territorios de Andorra, Cataluña, País Valenciano, Islas Balears, Cataluña Norte, Alguer y parte de Aragón.
 

2. Este es también el criterio del Institut d'Estudis Catalans, como autoridad académica en la Franja de Ponent. Obviar sus recomendaciones equivaldría a suponer que la Real Academia Española de la Lengua tendría que limitar sus competencias a determinadas circunscripciones administrativas definidas por un territorio concreto.
 

3. El neologismo que introduce la nueva ley plantea un interrogante inquietante sobre las consecuencias del nuevo frente abierto, además de constituir la manifestación más transparente de una concepción estrecha de la riqueza lingüística y cultural de Aragón.
 

4. El respeto al área geográfica de cada lengua es una obligación de las autoridades, de acuerdo con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Además, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha recomendado al Estado español que aplique un marco jurídico específico de protección del catalán y del aragonés, y lo ha hecho empleando explícitamente estas denominaciones.
 

5. En definitiva, la lengua no puede ser objeto de instrumentalización política, al contrario: debe ser objeto de protección como eje del patrimonio cultural de una sociedad. Por todos estos motivos, la Xarxa Vives d'Universitats hace un llamamiento al sentido común para que la ley respete la convención filológica y el nombre de la lengua catalana.
 

Castellón de la Plana, Barcelona, Palma, Perpiñán, Sant Julià de Lòria, Sassari
 10 de mayo de 2013